Después de las masivas y pacíficas movilizaciones del Paro Nacional, Duque tuvo que retirar el proyecto de reforma tributaria que elevaba el IVA y el precio de productos básicos, aumentaba la renta a la clase media y mantenía los beneficios tributarios a grandes capitales y empresas. La nueva versión de la reforma no toca el IVA ni la canasta familiar, como tampoco modifica el impuesto de renta a personas naturales.

En lo que responde a recaudo, la propuesta nueva se concentra en: 1) Impuestos a las empresas; 2) normalizar la tributación de activos no fiscalizados; 3) reducción de la evasión y; 4) un plan de austeridad. Ninguno de los puntos ataca de fondo la desigualdad ni la regresividad en impuestos, mantiene los beneficios tributarios a grandes conglomerados y sectores empresariales, tampoco recauda los recursos necesarios para cubrir el gasto y la inversión social y, además, trae más beneficios a la especulación financiera de capital extranjero.

La mayor parte del recaudo proviene del impuesto a las empresas, incrementando el impuesto de renta del 30% al 35% en 2022 y la reducción del descuento de ICA al 50%. El problema es que se trata por igual con una única tarifa tanto a las pequeñas empresas como a las grandes, contrariando el principio de progresividad, contrario a lo que ocurre con el impuesto a personas naturales que sí tiene distintas tasas a medida que aumentan los ingresos de renta personal. Es llamativo que la propuesta que fue retirada por el Gobierno sí incluía dicha diferenciación en renta ¿Por qué no incorporar esta medida democrática nuevamente?

El Gobierno justifica que no es necesaria la inclusión de la progresividad en la tarifa por la existencia del Régimen Simple de Tributación, que permite incluir en una tarifa especial a empresas y personas con ingresos brutos entre 50 millones y 2.900 millones al año. A junio de 2021, los inscritos en el RST fueron 36.339 personas jurídicas y naturales, que no son ni siquiera el 3% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país (1,6 millones en 2019 según Confecámaras), dejando por fuera la mayor parte de estas.

El Ministerio de Hacienda afirma que “las micro y parte de las pequeñas empresas pueden seguir tributando en el régimen SIMPLE, razón por la cual el incremento en la tarifa general de renta no les aplica”. Además de que el SIMPLE no incluye a todas las micro y pequeñas, la afirmación del Ministerio deja claro que quedan por fuera parte de las pequeñas y todas las medianas empresas, que tendrán incremento en el impuesto de renta con la reforma.

Otros argumentos sugieren que, como la mayor parte del impuesto de renta lo pagan las grandes empresas, el aumento las afecta a ellas principalmente. Sin embargo, esta afirmación es engañosa al comparar datos totales de recaudo y no proporcionales al tamaño e ingreso de las empresas. Hay gran desigualdad entre las empresas del país porque las más grandes y algunos sectores, como el financiero, acceden a beneficios tributarios que las pequeñas y medianas no tienen, por lo cual pagan una tarifa efectiva muy inferior a la de 30% consignada en la ley. Incluso entre el 10% de las empresas de mayores ingresos encontramos a medianas empresas al lado de las más grandes, con abismales diferencias en tamaño de ingresos y utilidades. Garay y Espitia, 2019 [1] estimaron que el nivel de desigualdad en ingresos en el 10% de las empresas más grandes del país que declaran renta equivale a un índice de Gini de 0,84 en el año 2017, superior al índice de personas (0,517 en 2018 [2]) que tiene a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo.

El alto nivel de concentración en ingresos y patrimonio de las empresas del país no pueden ser argumentos para desconocer que el Estatuto Tributario de Colombia debe cumplir el mandato constitucional de progresividad, y que esto aplica para personas jurídicas también. Es una demanda democrática y totalmente viable, que han defendido pequeños y medianos empresarios desde hace años y hoy exigen en medio de la más grave crisis económica del país en un siglo. La salida se encuentra en diferenciar la tasa de impuesto y eliminar los beneficios tributarios injustificados. La solución existe, pero se requiere de voluntad política de las mayorías gobiernistas en el Congreso.

Referencias.

[1]. Garay, L. J., & Espitia, J. E. (2019). Dinámica de las desigualdades en Colombia. En torno a la economía política en los ámbitos socio-económico, tributario y territorial. Desde Abajo.

[2]. DANE (2018). Boletín técnico Pobreza Monetaria en Colombia 2018.