El “escándalo” está servido. Todo apunta a una serie de arbitrariedades cometidas por un empleador y unos agentes de la Policía en contra de una joven madre con dos niños –de 2 y 7 años– en sus brazos. Pero no, esto tiene ribetes más profundos. El 29 del pasado mes de noviembre, por sus redes sociales, Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, mediante un video grabado por su hijo de 7 años, reveló cómo por orden del administrador del almacén Jon Sonen, ubicado en el Centro Comercial Serrezuela, en el cotizado Centro Histórico de Cartagena, dos agentes de la Policía –mujer y hombre– la sacaron esposada, en medio del llanto de los niños y de ella, del almacén y del Centro Comercial, acusada del crimen de reclamar sus prestaciones sociales. La trabajadora alega la demora en su liquidación, con la cual necesita resolver su subsistencia debido a las dificultades para volver a conseguir un empleo.

Se pronunciaron las autoridades para tratar de subsanar los “desafueros” en contra de Álvarez Sarmiento. La Oficina Regional del Trabajo selló el almacén (luego lo reabrieron ya que tal vez se volaron los procedimientos); el presidente Gustavo Petro, que todo lo quiere resolver a “twitterazos”, escribió: “El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos”; por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ordenó una investigación y el cierre preventivo de la tienda de ropa. Y la procuradora general, Margarita Cabello, quien parece en campaña, dijo: “A mí me preocupó mucho la imagen donde la menor estaba en un estado de angustia… Uno tendría que analizar varias cosas: La acción de la Policía debió ser cuidadosa frente a un menor y la acción de la madre responsable de la crianza de sus hijos también debió ser cuidadosa en el sentido de no llevarlos a ese tipo de situaciones. Todo eso hay que mirarlo. Ya me imagino que Bienestar Familiar está pendiente”. O sea, para ella la culpable es la trabajadora. Finalmente, el empresario dijo en un comunicado que le fue consignado el valor de su liquidación por $3.002.500. 

Estas no son simples arbitrariedades, abusos o desafueros en contra de los trabajadores –se trata de su pan de cada día–, y se quedan sin ningún tipo de castigo, simplemente porque sus actuaciones están justificadas en el sistema económico y social. Con base en la Constitución de 1990 del gobierno de César Gaviria Trujillo –hoy flamante cogobernante de Petro– se entroniza el modelo neoliberal, cuyo eje es la importación de productos, bienes y servicios y el abaratamiento de la mano de obra. Con base en ella se desplazan a la industria y el agro nacionales y la generación de empleo queda en manos de las pequeñas y medianas empresas, con el denominado “emprendimiento”. Así se dictó la ley 50 de 1990, el marco que rige las relaciones laborales del país, reglamentada por otras leyes y decretos que desregularizaron dicha relación laboral, apareciendo las famosas Órdenes de Prestación de Servicio –OPS–, con las cuales se birlan las prestaciones sociales a los trabajadores. Todos los días “desaparecen” miles de este tipo de empresas, dejando sin prestaciones sociales a sus extrabajadores, y para contener su “rabia e intenso dolor” han preparado una Policía represiva –recuerden los muertos, heridos y encarcelados del paro del 2021– para que los trate como criminales. El presidente Petro y la ministra Ramírez fueron críticos de estos regímenes, pero ahora son Gobierno. ¡Es momento del cambio, entonces que deroguen ese sistema!

Cartagena – Bolívar, lunes 12 de diciembre de 2022

JOSÉ ARLEX ARIAS ARIAS

Comunicador Social – Periodista

arlexariasarias@yahoo.com