“La tal justicia tarifaria es una estafa… El Acuerdo Tarifario con las empresas está pegado con babas… No aguantamos más, estamos “mamaos””, son las expresiones cotidianas que se escuchan entre los líderes sociales y habitantes de la Costa Caribe colombiana, que concluyen diciendo: “Este Gobierno nos está mamando gallo”. La población caribeña literalmente dejó de comer para poder pagar el asalto a sus bolsillos, del que son víctimas por un negociado de proporciones descomunales realizado a través de la concesión del suministro de energía eléctrica del gobierno del expresidente Iván Duque con las empresas Air-e y Afinia EPM, presidida por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. “Lo más chistoso es que hacen el pacto o acuerdo tarifario con los empresarios y dejan por fuera a los usuarios, que son los paganinis”, sentenció otro caribeño en medio de carcajadas.

A raíz de las privatizaciones de las empresas que suministran los servicios públicos, en todo el país se ha producido un incremento exagerado en las tarifas de la energía, pero, producto de un acuerdo con Air-e y Afinia para la Costa Caribe, se ha llegado a cifras desproporcionadas y racionablemente impagables. Durante el gobierno de Duque, valiéndose del artículo 365 de la Constitución de 1991, que autoriza dicha privatización, con base en lo cual se dictaron las leyes 142 y 143 de 1994 y el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, se crearon las empresas Air-e y Afinia, y se les entregó el mercado de energía eléctrica de toda la Costa Caribe, con una tajada de más de 2,48 millones de clientes que demandan cerca del 30 % del total de ese servicio de energía en el país. Las gabelas entregadas les permiten abusar de las tarifas, que, según el DANE, se han incrementado en cerca del 46 % en el último año, lo que ha reventado el escuálido bolsillo de los habitantes de la Costa Atlántica.

El Acuerdo por la justicia tarifaria, que en realidad es la decisión voluntaria de las empresas en bajar las tarifas, no resuelve en absoluto la realidad de los usuarios, puesto que la mayoría de las empresas hablan de reducir la tarifa entre el 4 % y 8 %, mientras los aumentos están por encima del 40 %, lo cual es rechazado por los caribeños. Qué lejos ha quedado la imperiosa voz del presidente Gustavo Petro cuando sentenció que iba a intervenir la Comisión Reguladora de Energía y Gas –CREG–, la entidad que autorizó el Acuerdo con las empresas Air-e y Afinia, con el consiguiente incremento de las tarifas. Pareciera que Petro habla para que aplaudan los áulicos y su Gobierno continuará la senda de los anteriores de la mano con el capital transnacional.

Con sobrada razón, la dirigencia de la Costa Atlántica, encabezada por los principales alcaldes, concejos municipales, diputados, gobernadores, el clero, algunos congresistas, los gremios económicos, periodistas, dirigencia cívica, entre otros, apartándose de motivaciones políticas, y comprendiendo que este Gobierno no causó la crisis, pero le corresponde resolverla, han decidido crear un frente común y unirse al pueblo para exigir un trato realmente justo. No es lógico que, mientras en Bogotá un estrato tres pague cerca de $100 mil mensuales de energía, en la Costa Atlántica paguen entre $450 mil y $600 mil. Si el Gobierno nacional, en cabeza directamente del presidente Petro, no renegocia los contratos con Air-e y Afinia, de tal manera que se establezcan unas tarifas justas, ¡noviembre será un mes de intensas manifestaciones!

Cartagena – Bolívar, lunes 24 de octubre de 2022

JOSÉ ARLEX ARIAS ARIAS

Comunicador Social – Periodista

arlexariasarias@yahoo.com