Es claro constitucionalmente referido, que son los servicios públicos, vale decir toda actividad organizada que tiende a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente, o por personas privadas; una exigencia a los que el gasto público debe realizar una asignación equitativa de los sagrados recursos públicos y cuya programación y ejecución deben responder a los criterios de eficiencia y economía, mismos que sirven de base para evaluar las políticas de gasto público: equidad y eficiencia, y además tienen en el componente de racionalización de la actividad financiera, un principio de austeridad en la administración de los fondos públicos como nota característica de esa actividad.

En lo atinente a la eficacia como principio de la actuación administrativa pública, la misma debe servir con efectividad los intereses generales y actuar de conformidad con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley, el derecho y predicarse no sólo de cada administración pública, sino del total contexto de los servicios públicos.

Entre nosotros, a juzgar por lo visto y padecido, pareciera que no han calado dichos conceptos en la gestión de la administración pública, hay excesos en los costos sin una clara distinción entre la provisión y la producción de los servicios colectivos, requeridos lo cual de una reforma estructural que modernice la administración.

Emplazados estamos de una superior gestión de los servicios públicos, más por ser una ciudad y un departamento con condiciones especiales en muchos aspectos y que en buena medida vive de una industria, que,  como la turística, exige excelencia, por lo que obligados estamos a producir de manera relevante servicios de calidad que garantice a propios y foráneos su óptimo disfrute; de ahí que los mecanismos para alcanzar tal relevancia debe darse en  torno de las organizaciones públicas a las que se les encomiendan las funciones de producir directamente bienes y servicios.