En 2019, La Federación Colombiana de Educadores FECODE, logró acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en puntos vitales para la educación preescolar, básica y media, entre ellos, y el más importante, aumentar la financiación de la Educación Pública, que exige realizar una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), con el propósito de incrementar real y progresivamente los recursos financieros para cerrar seis brechas educativas, a saber, cobertura, jornada única, educación rural, relación entre el número de maestros con el número de estudiantes, canasta educativa e infraestructura.

Frente a la infraestructura la Contraloría General de la República (2022), advierte al MEN y al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), “por los riesgos de afectación negativa a los intereses públicos en varios proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, por obras que pueden quedar inconclusas o que, una vez terminadas, no puedan ser puestas en funcionamiento, afectando el servicio educativo en distintas regiones del país”. Entre los departamentos con inconsistencias se encuentra el Meta. Además, en el documento CONPES 3831 el DNP reconoce que la infraestructura escolar no está en condiciones para prestar el servicio educativo. Es decir, durante el mandato de Duque las condiciones de la infraestructura no mejoró.

En el caso del Meta, la Gobernación prometió construir una nueva sede educativa, que resultó ser la IE Valentín García sede Makatoa (Granada), que viene en proceso de construcción desde el 2017, es decir de la vigencia anterior. Hasta ahora no ha sido entregada. En el caso de Villavicencio, la Alcaldía prometió construir tres nuevos megacolegios, que según respuesta de la SEM estos son: Alfredo Molano Bravo, Sede educativa la Gota y la Madrid, construcciones que venían en proceso desde el 2017 y entraron en funcionamiento en el 2021. Ni qué decir de las sedes educativas que se comprometieron mejorar, donde no hay avance alguno.

En últimas, frente a esta crisis, la opción de los gobernantes regionales es sacar pecho con “nueva infraestructura”, que hacen parte de ejecutorias de administraciones anteriores y se muestran como cumplimiento de sus planes de desarrollo.

El discurso engañoso no puede primar. Los mandatarios locales en vez de pavonearse con logros ajenos, deben exigir al gobierno de Petro, la urgente reforma constitucional al SGP, así como lo han hecho los docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes.