En los departamentos de la Costa Caribe hay un justo inconformismo con protestas democráticas y de resistencia civil por las altas tasas de los Servicios Públicos Domiciliarios, SPD. Es comprensible que haya nerviosismo en todo el país, pues, según el DANE, la “inflación en julio está en un 10.21% impulsada por los alimentos con un 24.61%, en alojamiento y los servicios públicos domiciliarios está en un 15.20%”.

En el régimen feudal, monárquico y aristocrático, se desconocía la idea servicios públicos. En el nuevo régimen capitalista, una clase social emergente dedicada al comercio y a la industria necesitaba unos S.P. que apuntalaran de manera más eficiente la producción de bienes materiales.

 Para ello la burguesía entendió que requería unos servicios públicos prestados por el Estado, y aunque al principio propuso que fueran gratuitos, pronto se dio cuenta de que lo regalado no se cuida. Los capitalistas terminaron estando de acuerdo en que los SPD fueran empresas del Estado sin ánimo de lucro, cobrando una tarifa equivalente a la suma de todos los costos y gastos divididos por el número de usuarios, sin agregarle rentabilidad o ganancia, cuidando que no tuviera pérdidas.

Si los SPD apuntaran a percibir utilidades, o sería el trabajador o sería el patrón quien las pagara, el obrero de su salario mínimo, con lo que no alcanzaría a comer lo suficiente para recuperar su fuerza de trabajo y sería menos productivo. Si la ganancia corriera a cargo del patrón, sus mercancías saldrían más costosas y serían menos competitivas. La fórmula permitió crear robustas y eficientes empresas de servicios públicos que ayudaron a desarrollar países como EU, Alemania, Francia, Inglaterra y muchos otros.

Las empresas de servicios sin ánimo de lucro fueron todo un éxito en el mundo desarrollado. También aquí tuvimos para mostrar empresas como EPM y Aguas de Bogotá. Pero ahora nos condenan al atraso, a no tener una mejor calidad de vida, prohibiendo que implantemos el modelo de empresas de servicios, públicas o privadas que cobren todo, pero sin rentabilidad. Y ojo, no es una idea socialista o comunista. Es de los mismos productores capitalistas.

Luego, ¿si la burguesía impuso la revolucionaria idea de que los servicios públicos fueran sin rentabilidad, por qué aquí en Colombia sigue oponiéndose a ella la oligarquía financiera? 

Vamos a tratar de explicarlo de manera sucinta. Lo primero es que en el planeta no está ya en el poder la burguesía productora o burguesía nacional, desplazada por la gran burguesía financiera o especuladora que comandan el capitalismo monopolista, el cual no produce mercancías, sino que se dedica principalmente a prestar dinero a altas tasas de interés. A esta burguesía parasitaria no le importa si las empresas productoras se quiebran.

Cuando en el capitalismo empieza a bajar la tasa de ganancia, los linces financieros intentan detener la caída adoptando medidas regresivas tales como tomarse el control de los bancos, auspiciar la producción de mercancías con obsolescencia programada o fabricando productos de un solo uso, con lo cual inundan al planeta de basura con el perjuicio principalmente de mares y ríos.

Como sigue en descenso la tasa de ganancia, los tanques de pensamiento proponen migrar hacia los servicios públicos, de uso necesario para las personas. Ven ahí la mina de oro con la cual creen detener su descenso. Se apoderan de ellos a menos precio y a veces con la pura cédula, como en el caso de Electricaribe. Las empresas de SPD prestaban antes el servicio sin ánimo de lucro. Ahora, para llenar las arcas de la oligarquía parasitaria, había que adicionarles una rentabilidad que la Ley 142 de 1994 les permite cobrar con el visto bueno de la Superservicios. De ahí el alza imparable en las tarifas.

La Constitución de 1991 aprobó casi a las escondidas el Consenso de Washington y el modelo económico neoliberal. En los siguientes diez puntos podemos resumir las recomendaciones del Consenso de Washington que inspiraron a nuestros constituyentes.  

• Disciplina fiscal en el presupuesto de los gobiernos
• Reordenación de las prioridades del gasto público.
• Reforma tributaria.
• Liberalización de las tasas de interés.
• Tipo de cambio competitivo definido por el mercado.
• Comercio libre y TLC.
• Apertura a la inversión extranjera directa.
• Privatización de las empresas públicas.
• Desregulación de los mercados para promover la competencia.
• Seguridad de los derechos de propiedad.

No fueron pocos los constituyentes que mostraron inconformidad porque se consagrara en nuestra Carta Magna el neoliberalismo. La mesa directiva los tranquilizó aprobándoles el artículo 150 numeral 19 parágrafo (e) que reza: los congresistas podrán “fijar su régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso nacional y la fuerza pública”. Hasta ahí les llegó el malestar a los rebeldes, pues en adelante podrían subirse el salario, lo que quieran y cuanto quieran.

Es necesario que los líderes sociales amplíen el conocimiento sobre el Consenso de Washington y el TLC, pues afectan la soberanía de Colombia y la vida de la gente. Las próximas elecciones regionales son una buena oportunidad para debatir estos temas, principalmente porque el catastro multipropósito también va a afectar las tarifas de agua, energía y gas.

Hay que elegir en todos los municipios de Colombia comités de desarrollo y control social, cuyos voceros son los vocales de control. Además, es deber de los alcaldes emitir una resolución de “reconocimiento e inscripción del comité de desarrollo”. Debemos elegir con responsabilidad a los vocales de control y respaldar a organizaciones como la Liga de Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, USPD. Ha llegado la hora de la unidad de los usuarios. De lo contrario, “nos lleva la que nos trajo”.