Está en trámite una iniciativa legislativa que deteriora las condiciones laborales de los jóvenes y que forma parte de la intención gubernamental de rebajar los estándares en la contratación con el pretexto de crear empleo

El pasado 2 de agosto, el partido Centro Democrático presentó ante el Congreso el polémico proyecto de Ley 099 del 2021, “POR LA CUAL SE AMPLÍA LA POBLACIÓN OBJETO DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE, SE CREA EL CONTRATO DE APRENDIZAJE EXTENDIDO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, que ya fue aprobado por la Comisión Séptima del Senado en su primer debate y espera fecha para el segundo. Esta iniciativa pretende extender y formalizar la modalidad del Contrato de Aprendizaje de los estudiantes hasta por (2) dos años.

Para entrar en materia, es necesario conocer de antemano las condiciones en las que actualmente se celebra el Contrato de Aprendizaje para la juventud. En suma, este representa el primer acercamiento de los estudiantes egresados de las instituciones de educación media, técnica, tecnológica y superior al mercado laboral. No obstante, el Contrato de Aprendizaje no se puede considerar una vinculación laboral puesto que sus características, según el Código Sustantivo del Trabajo, no se ajustan a esa naturaleza. En consecuencia, es muy común encontrar que estos contratos suelen establecerse por debajo del salario mínimo y sin garantías prestacionales, en otras palabras, se constituye en la subestimación de la mano de obra joven del país.

La propuesta supone, en definitiva, una perniciosa modificación en la vinculación de los jóvenes en el mercado laboral. Según la Central Unitaria de Trabajadores CUT, “La juventud atraviesa una enorme crisis, que enfrenta una tasa de desempleo del 23% (…) tiene que pagar créditos educativos con tasas de interés hasta del 12% y se ve afectada por la informalidad laboral que alcanza el 65%”, siendo uno de los grupos etarios más significativos entre la Población en Edad de Trabajar PET, aunque con una alta tasa de informalidad. Adicionalmente, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2021), los jóvenes que ni estudian ni trabajan representan el 25,4% de la PET, dejando en evidencia el panorama tan desalentador que atraviesan.

A pesar del sombrío escenario que se vislumbra para los jóvenes colombianos -profesionales titulados o no-, la iniciativa en cuestión es coherente con la orientación de la política pública de empleo que el gobierno de Iván Duque ha adoptado. Para el ejecutivo, la problemática del desempleo se atiende con precarización laboral, cuando lo que en verdad se requiere es una política integral de educación, creación de puestos de trabajo y seguridad social para los trabajadores de todos los sectores.

Además del gobierno, algunos sectores gremiales han generado propuestas que van en detrimento de condiciones de empleo digno, como el planteamiento de la Asociación Nacional de Instituciones Financiera ANIF, que en el 2019 sugirió una nueva forma de contratación para los jóvenes, contemplando un contrato del 75% del salario mínimo para los trabajadores de menos de 25 años, bajo la consideración de que eran aprendices y era una buena oportunidad para su inserción en el mercado laboral, aludiendo un impacto positivo en la creación de puestos de trabajo. En el mismo sentido, se establece el Decreto 1174 de 2020, que reglamenta el pago por debajo del salario mínimo y el contrato por horas, medidas que reivindican los principios de la economía neoliberal -eficiencia, competitividad, productividad- en detrimento de la dignidad laboral y la justicia social. Por consiguiente, es ineludible la responsabilidad de los jóvenes en el ejercicio de control político, de manera que sobre el Gobierno Nacional se pose la soberanía del poder constituyente en la búsqueda de mejores oportunidades de empleabilidad y desarrollo económico para la ciudadanía.