La situación de los jóvenes de la Región Caribe resulta bastante desalentadora. La mayoría de dicho sector de la población se encuentra en condición Ni – Ni, es decir, ni estudian ni trabajan. Tomando como referencia las cifras generales del país, las ciudades con peores indicadores en esta materia son: Valledupar, con 29,4%; luego se encuentra Riohacha y Santa Marta, con 28,7%; continúa Barranquilla, con 27,7%; Cartagena, 26,7%; Montería, 26,6%, y Sincelejo, 24,1% (Dane, 2021).

En esa dirección, obsérvese que 6 de las 7 capitales de la región se encuentran por encima de la media nacional, estimada en 25,7% (Dane, 2021). Al analizar las cifras para el caso especí1co de las mujeres, la situación se agudiza: Santa Marta, con la mayor cifra, el 21,6%; seguidamente, Riohacha y Cartagena, con el 18,3%; Montería, el 17%; sigue Sincelejo, con el 15,8%, y 1nalmente Barranquilla, con 15,5% (Dane, 2021). Otro síntoma de la desigualdad nacional.

Por otra parte, para el caso de la educación superior el panorama se mantiene en niveles alarmantes. Esto se explica si se observa la deficitaria financiación del Estado a las universidades públicas, la creciente mercantilización y privatización de la educación superior, agravada con una cada vez menor calidad de la oferta educativa. Así, los gastos de funcionamiento e inversión anualmente crecen por debajo de la canasta de necesidades de las instituciones, y como consecuencia ante dicha insu1ciencia presupuestal, se estima qué el faltante acumulado durante 30 años, alcanza una deuda histórica superior a 18 billones de pesos según el Sistema Universitario Estatal (SUE).

Debido a esas realidades son muchos los jóvenes del Caribe quienes ingresar y mantenerse en la educación superior, tienen que recurrir a costosos créditos con el ICETEX, institución estatal cuya principal política consiste en el aumento de los rendimientos financieros, a través de mecanismos, como la capitalización de intereses, en la cual se sustenta su endeudamiento externo con el banco mundial, y que repercute en las altas y extorsivas tasas que terminan pagando los estudiantes. En el Caribe, donde la pobreza monetaria campea, en 2.021 se adjudicaron en el país 46.184 créditos, de los cuales 19.474 (42,2%) se concedieron en la Costa Caribe (Informe de gestión ICETEX, 2021).

Si se mira con detalle la base de los problemas descritos anteriormente, se debe a la calamitosa situación de desempleo que sufre el país producto de la adopción de la política de apertura económica por parte de los gobiernos de Colombia cuyas desastrosas consecuencias han sido la destrucción del agro y la industria nacional y con ello la eliminación y precarización progresiva de puestos de trabajo. Con esta política de apertura se sentaron las bases para la firma de Tratados de Libre Comercio que han elevado a niveles insostenibles la ya mencionada destrucción de la producción nacional y, por consiguiente, del empleo.

En razón de lo dicho con antelación, para revertir este escenario de estancamiento productivo y desigualdad social, se necesita fortalecer y potenciar una industria y una agricultura capaces de generar riqueza y trabajo de calidad, lo cual implica que el Estado proteja a los sectores claves de la economía. Un buen inicio para ello debe ser la revisión de los TLC, que el presidente Petro en campaña prometió y en su primer mes de gobierno, a título personal ha guardado silencio y desde varios de sus ministerios se recula en la necesidad y viabilidad de dicha medida. Del dicho al hecho…