Hoy 28 de junio, como ya es una tradición mundial, celebramos las diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Celebramos la dignidad de las personas LGBTIQ+ que han alzado sus voces para exigir la garantía de sus derechos y la eliminación de todas las violencias de las que son víctimas por sus formar de ser, hacer, pensar y amar.

A nivel mundial recordamos los hechos del 28 de junio de 1969 en la Ciudad de Nueva York, cuando cientos de personas LGBTIQ+, bajo el liderazgo de mujeres trans afroamericanas y latinas como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, lideraron una revuelta en contra del acoso policial. Dichas revueltas marcaron una senda de resistencia y dignidad en contra de la discriminación por orientaciones sexuales e identidades de género que habían sido validadas culturalmente a lo largo de la historia.

Este 2021, dicha celebración la asumimos con noticias contradictorias. Por un lado, conocimos de la reciente aprobación de una ley de cupo laboral para personas trans en Argentina, que garantiza el 1% de los cupos laborales públicos para dicha población. Por el otro lado, vimos el resurgir de un discurso discriminatorio contra la homosexualidad en Hungría.

En Colombia, también tenemos noticias contradictorias. Por un lado, el país ha avanzado aceleradamente en el reconocimiento de los derechos de las personas de los sectores LGBTIQ+, gracias, principalmente, a la acción de tutela y al trabajo de la Corte Constitucional. Pero ello no ha reducido las violencias en contra de esta población, según la Defensoría del Pueblo en 2020 se reportaron 77 homicidios y feminicidios en contra de las personas de los sectores sociales LGBTIQ+, y en lo corrido de 2021 van 21. Igualmente, la entidad afirma que acompañó 517 casos de violencia contra esta población. Por su parte, Colombia Diversa reporta durante 2020 226 homicidios y feminicidios, 337 amenazas y 175 casos de violencia policial.

En este contexto, resulta muy preocupante que el gobierno de Iván Duque tenga engavetada la Política Pública LGBTI Nacional, establecida en el Decreto 762 de 2018. Dicho Decreto, con serios cuestionamientos por la falta de concertación con las organizaciones sociales, depende para su implementación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, pero la entidad no cuenta con personas para la realización de esta labor. Resulta paradigmático, que esta dependencia esté en manos de sectores políticos contrarios a los derechos de las personas LGBTIQ+. Es importante recodar, que el Estado colombiano tampoco ha ratificado la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

Igualmente, reconocemos como un acierto que el Comité Nacional de Paro haya incluido un punto de diversidad sexual y de géneros en el Pliego Nacional de Emergencia, lo que hubiera podido marcar la pauta para que el Estado respondiera la situación de vulneración de derechos a las personas LGBTIQ+. Pero lamentamos que el gobierno de Iván Duque evadiera su responsabilidad en la negociación del mismo.

Por lo anterior, hacemos un llamado al gobierno nacional para asumir la responsabilidad estatal en la protección y garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ y se tomen todas las medidas necesarias en esta vía. No es posible una verdadera democracia mientras persista la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Así pues, como Partido Dignidad creemos firmemente en la necesidad de crear una política de Estado LGBTIQ+ de largo plazo, que converja a través de unas direcciones coordinadas con las políticas regionales para que la garantía de los derechos de los sectores sociales LGBTIQ+ avance con dignidad, y que la celebración de la diversidad sea una realidad vivida en Colombia.

Juan Manuel Ospina – Presidente

Alba Luz Pinilla – Vicepresidenta

Gustavo Triana – Secretario General

Robinson Sanchez  – Secretario LGBTIQ+

Stefanía Mancilla Romero – Suplente Secretaría LGBTIQ+