En medio de la gritería en que se convirtió el debate político, donde sobra la emocionalidad y escasean los argumentos, es necesario hacer un esfuerzo para reivindicar unos elementos, unos logros, pero también unos problemas que nos son comunes, a los cuales debemos mirar y entender por encima de las diferencias, pues son de todos y no deben quedar en la picota pública ni huérfanos ni indefensos. Lo lógico sería lograr un acuerdo, un entendimiento nacional que permita abordarlos de manera serena y objetiva para sacarlos adelante. No se trata de ser unánimes, algo imposible en una sociedad que, por su misma naturaleza, es diversa. Se trata de reconocer los asuntos que nos interesan, que nos atañen, unir esfuerzos y sacarlos adelante. Es una responsabilidad con el país, con nosotros y con los nuestros, ahora que vivimos un momento electoral y de inicio de un nuevo gobierno.
Eso significa, ni más ni menos, hacer realidad los planteamientos contenidos en nuestra Constitución, fruto de un gran acuerdo, después de decenios de incomprensiones, desentendimientos, conflictos y violencia, cuando se había desvanecido la posibilidad de tener un proyecto común y reinaba el espíritu del “sálvese quien pueda”. Un acuerdo que, en buena medida, aún falta por lograr. ¿Y por qué ahora? Por dos razones principales. La primera es que en el escenario internacional se vive hoy una crisis profundísima que algunos consideran, y consideramos, una crisis de civilización, con el declive de Occidente, especialmente de Estados Unidos, que fue su centro durante más de ochenta años, y el ascenso de Oriente con el liderazgo de China. La segunda, consecuencia de la anterior, es que Estados Unidos está perdiendo terreno e influencia en el continente, lo que nos obliga a mirar el futuro con otros ojos, con los riesgos y las posibilidades que esto implica.
En Colombia, el conflicto interno sigue vivo, pero transformado. Viene desde el conflicto liberal-conservador de los años cincuenta, producto, en buena medida, de los cambios que sufrió un país agrícola y rural enfrentado a la llegada de la incipiente industrialización y de la creciente urbanización. Ese conflicto se transformaría en guerra revolucionaria en los sesenta, pero la revolución no llegó y la estructura armada permaneció y viró hacia el crimen organizado. Hoy ya no es un conflicto armado, sino simple violencia criminal que debe abordarse como un asunto de orden público, con el fortalecimiento de las fuerzas armadas del Estado y la presencia en todo el territorio. Es una violencia criminal alimentada fundamentalmente por el narcotráfico, en la que están presentes los pequeños productores, campesinos cocaleros que necesitan una política especial para garantizarles apoyo en una actividad productiva legal.
En esto el país tiene mucha experiencia e incontables fracasos. Esta tarea debe ser adelantada en asocio con el gobierno norteamericano, pues la responsabilidad es compartida. En Norteamérica está la gran demanda con alto poder adquisitivo, y el problema solo se resolverá con una política integral y compartida entre los oferentes, Colombia, principal productor, pero no el único, y Estados Unidos, con la principal demanda solvente que alimenta y posibilita el negocio. Sin demanda no hay oferta. No pueden escudarse en que son las víctimas, pues hay victimarios y víctimas a ambos lados del río Grande. Así como estamos unidos en el problema, debemos estarlo, necesitamos estarlo, en su solución. Mientras esto no se entienda, los criminales seguirán tranquilamente con su negocio, que, día a día, crecerá y se diversificará hacia otras actividades criminales.
