Los recursos de las pensiones son un factor importante para el desarrollo de una sociedad, en términos tanto de las condiciones de vida de las personas como de los recursos con que cuenta su economía para progresar. Son un componente importante de la vida social y económica, tanto para la economía personal y familiar como para la social o macroeconómica.
Constituyen el principal generador de ahorro en la economía, con recursos de los ciudadanos. Esto les da la condición de ser un activo privado que juega un papel socialmente estratégico, como principal fuente del ahorro de la economía que financia la inversión y les garantiza un ingreso a quienes alcanzan el tiempo y la edad para pensionarse. Esta doble realidad hace que sea crítico garantizarles a quienes cumplan las condiciones establecidas el correspondiente ingreso para jubilarse, cosa que en nuestro país sigue siendo un derecho al cual muchos no acceden, por el nivel de informalidad, rebusque y precariedad laboral imperante. Por ello, muchos colombianos que viven en medio de la inseguridad laboral tienen, además, la incertidumbre de no contar en el futuro con un ingreso, aun precario.
Esa realidad, que es pública y privada, exige una política y un régimen de pensiones que coordinen los dos componentes. Es decir, el origen privado de los recursos pensionales y su manejo con una política pública que vele por su uso para el cumplimiento del objetivo para el cual fueron establecidos. La política pública, como sucede, puede limitarse a establecer las normas y procedimientos para su manejo, en cabeza de entidades privadas creadas u organizadas para el efecto, que deben operar en el marco de las disposiciones establecidas y sujetas a control por la entidad estatal asignada, como lo establece la Ley 100. O bien, se puede regresar al período inicial, vigente durante los años de existencia del Seguro Social, que terminó ineficiente, burocratizado y corrupto. En la discusión de entonces jugó un papel central la definición del uso de los recursos recaudados con las cotizaciones, de los cuales solo una fracción, creciente en el tiempo, era empleada en el pago de las pensiones. En esas primeras décadas eran más los cotizantes que los pensionados, lo que generaba un volumen creciente de recursos disponibles para ser invertidos. El Seguro Social lo podía hacer en papeles del Estado. Una de las causas del desmonte del Seguro Social, además de su creciente corrupción, fue el interés de destinar esos recursos de liquidez a inversiones productivas privadas, poniéndolos en fondos internacionales y en la financiación de operaciones económicas nacionales.
Sin duda, el sistema exigía ser revisado, pero conservando su espíritu. El presidente Petro se montó en esa necesidad de revisión y ajuste para buscar regresar al esquema inicial, ya superado. El presidente, además, ha pretendido que puedan ser utilizados, al menos parcialmente, para cubrir un déficit presupuestal desbordado, exponiendo a un enorme riesgo un dinero que no es del Gobierno, sino de los ciudadanos, fruto del ahorro que han realizado durante el transcurso de su vida laboral para financiar sus años de pensionado.
Esa pretensión populista e irresponsable de Petro expropia a los ahorradores de sus dineros y va en contravía del sentido de las cotizaciones pensionales, pretendiendo tapar, con recursos privados, un enorme y creciente hueco fiscal, al desviar los recursos aportados por los ciudadanos para su pensión. En su desespero, el presidente pretende comerse de un bocado el fruto de años de ahorro de los ciudadanos, para no hacer el ajuste presupuestal que le correspondería hacer si fuera un gobernante responsable, cosa que no es. En la agonía de su gobierno busca salir del paso, dejando a su sucesor y al país engrampados: en déficit, sobreendeudados y con la caja vacía.
