Ayer 10 de junio de 2026, el Senado de la República aprobó en plenaria la ley que prohíbe la mutilación genital femenina en todo el territorio colombiano. Con esa votación, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina con una legislación específica contra esta práctica. Y entre quienes hicieron posible ese resultado está nuestra senadora electa Jennifer Pedraza, una de las coautoras del proyecto que viajó desde la Cámara de Representantes al Senado cargando este compromiso.
¿Qué se aprobó?
La ley, conocida como «Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina», no nació en un escritorio del Congreso. Nació en los territorios, con lideresas indígenas emberá que llevan más de una década documentando, resistiendo y exigiendo respuestas institucionales a una práctica que el sistema de salud colombiano había registrado en al menos 204 casos entre 2020 y 2025, la mayoría en niñas de Risaralda y Chocó. La construcción fue conjunta y eso se nota en el enfoque: no es punitiva ni moralista, sino preventiva, intercultural y centrada en las comunidades donde esta realidad ocurre.
La ley ordena la creación de una política pública nacional para prevenir y erradicar esta práctica, establece protocolos obligatorios en el sistema de salud y fortalece los registros de información, que hoy tienen niveles altos de subregistro porque ni el Ministerio de Salud ni el DANE la incluían en sus sistemas de vigilancia epidemiológica.
¿Por qué importa?
Porque lo que no se nombra no se puede proteger. Durante casi dos décadas, la mutilación genital femenina en Colombia fue abordada bajo distintas categorías: violencia sexual, lesiones personales, maltrato infantil. Cada institución actuaba con sus propias herramientas, sin una línea común. El resultado fue que las niñas siguieron siendo mutiladas mientras el Estado discutía en cuál casilla clasificar el hecho.
Esta ley cierra esa puerta. Nombra la práctica, la prohíbe de forma explícita, la enmarca dentro de las violencias basadas en género y obliga al Estado a actuar con un enfoque unificado. No es un gesto simbólico: es una herramienta concreta.
¿Qué dijo Jennifer Pedraza?
«Insistimos hasta el último día, porque dejarlo caer habría sido fallarle a las niñas de Colombia, a las mujeres de la comunidad emberá y a las lideresas indígenas que trabajaron con nosotras y que son las verdaderas protagonistas de esta ley.»
Esa insistencia no fue retórica. El proyecto estuvo en riesgo de caer en su último debate. La coautoría de Jennifer, junto a las congresistas Carolina Giraldo y Alexandra Vásquez, sostuvo el trámite hasta el final.
El reto que viene
Juliana Domicó, consejera de la Gran Nación Emberá, lo dijo con claridad desde la plenaria del Senado: que esta ley no se quede en letra muerta. La sanción presidencial es el paso que sigue. Después viene la implementación real, la que ocurre en los resguardos, en los centros de salud, en las escuelas. Ese es el trabajo largo.
Desde Dignidad & Compromiso acompañamos este logro con orgullo y con responsabilidad. Jennifer Pedraza llega al Senado con este resultado en el bolsillo y con la deuda clara de seguir en esa misma dirección.
