En los años ochenta, años tumultuosos, violentos y soñadores, a Colombia le plantearon desde diferentes lados, no solo desde la política, que se tragara un coctel social deseable y necesario, pero de difícil asimilación: realizar una negociación de paz, para ponerle punto final a un conflicto interminable y violento, especialmente en las zonas rurales.
Una negociación planteada de manera ingenua, al suponer que los colombianos, incluidos los guerreros, estábamos hasta la coronilla con una violencia interminable y estéril, incapaz de transformar una sociedad que, ciertamente necesitaba cambios de fondo. Era ingenua porque suponía que bastaba con que quisiéramos la paz, para que esta descendiera sobre los escenarios de violencia y muerte, como una paloma de la paz. La paloma se pintó por doquier, se le invocaba día y noche, pero no llegó y la violencia continuó e inclusive se intensificó, hasta terminar en la tragedia sin nombre, del Palacio de Justicia. Pero en medio de tanto dolor y tanta sin razón, brillaron luces de esperanza y el país continuó buscando su salida y su futuro. Destacó al respecto la elección popular de alcaldes, propuesta de Álvaro Gómez, que hacía parte de su visión de un país con una democracia donde el ciudadano es actor fundamental y no simple validador electoral de decisiones que toman otros, eso sí, cuidándose de hacerlo en nombre “del pueblo”. Para Gómez, el alcalde representa directamente los intereses de los ciudadanos, en el espacio donde se habita con la familia y se ejercen directamente los derechos ciudadanos, sin mediación o intermediación, como sucede en los otros ámbitos regionales y nacionales del poder. Por esa relación directa, la elección del alcalde debía liberarse de los intereses y arreglos convencionales de la política y ser, por excelencia, una elección ciudadana directa, no intermediada políticamente. El Presidente Betancur que compartía la visión de Gómez, su aliado político en el gobierno, propuso y defendió la reforma constitucional en cuestión. Se hizo la primera elección y de inmediato vino la reacción de políticos y partidos que no estaban dispuestos a que una elección fundamental y apoyada por los ciudadanos, escapara a su control. Se dio entonces la reforma para que los partidos fueran actores y árbitros de ella, gracias a lo cual, le inocularon el virus que la convirtió en una elección más, pero conservando su cercanía con los intereses y atención de los ciudadanos. El resultado ha sido que, salvo algunos casos de alcaldes jugados con sus electores, su elección terminó sumida en un arreglo electoral, en una política que ya no es el juego entre partidos y propuestas; los partidos se desgastaron, dejaron de representar ideales sociales y se redujeron a defender intereses y planteamientos de unos pocos; ya no son una voz popular y libre. Se olvidó que la sociedad y la política se construyen en un proceso paralelo que nace y se fundamenta en lo local, en términos de comunidad y de territorio, con la presencia y participación de los ciudadanos, que no le deja espacio al discurso general, vaciado de concreción y de propuestas.
El comienzo del urgente cambio de la política y de los partidos lo marcará el regreso a la elección popular de alcaldes que sea de verdad ciudadana y no el primer peldaño en la construcción de la política politiquera, basada en feudos electorales al servicio del cacique, que le dan la espalda y secuestran para su propio beneficio, a la voz y el querer ciudadano. La política, como toda obra sólida y perdurable, se construye desde sus cimientos, de abajo para arriba; no es una casa en el aire o una bomba que se inf, talvez atractiva pero vacía y que se acaba estallando.
